PESE A ORDEN JUDICIAL INICIA DEMOLICIÓN

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Un juzgado nuevamente tuvo que intervenir ayer, luego de que dueños iniciaran la destrucción de cuando menos cinco propiedades en el barrio Duranguito, en desacato a una orden judicial emitida el día anterior.

La acción por parte de los propietarios provocó que activistas en contra del plan para desaparecer el barrio y construir ahí una nueva arena municipal de eventos nuevamente se apostaran entre los trascabos y los edificios.

Los daños se concentraron en los siguientes edificios sobre Chihuahua Street: la antigua galería ‘Flor de Luna’, construida en 1885, la vivienda número 303; el edificio de dos pisos en el 309, secciones del mercado ‘El Tiradero’ y la barda de la vivienda del 315.

Las obras fueron efectuadas por JMR Demolition a partir de las 7:15 a.m.

Policías municipales indicaron a los trabajadores que cesaran las labores, luego de que una abogada les mostrara la orden judicial original contra la destrucción de edificios que activistas e historiadores consideran como ‘históricos’.

“Estamos viendo esta mañana una acción ilegal por parte de la Ciudad y propietarios como Alejo Restrepo. A pesar de una orden judicial que detenía la demolición, los edificios tienen daños. La compañía no demolió ni un solo edificio, lo que sí hizo fue dañar secciones de varios edificios, los cuales son considerados como ‘invaluables’ por expertos en edificios históricos”, dijo Yolanda Leyva, organizadora del grupo activista Paso del Sur.

Algunos funcionarios estatales, municipales y del Condado de El Paso estuvieron presentes para apoyar a los manifestantes en contra de la demolición.

La representante del Distrito 8, en donde se ubica Duranguito, Cecilia Lizárraga, acudió al lugar pero se fue al ser cuestionada por los manifestantes.

El Ayuntamiento de El Paso ofreció una conferencia de prensa horas después, reiterando que acató la orden original de la Octava Corte de Apelaciones, emitida el lunes.

“A la Ciudad aún no le pertenecen estas propiedades ni las controla y no inició, repito, la Ciudad no inició las demoliciones. Los dueños de las propiedades que están siendo demolidas no estaban incluidos en la orden judicial”, afirmó el alcalde Dee Margo.

Durante el transcurso del día, el área de Duranguito fue saturada por policías municipales, algunos con uniformes y equipo antimotines. En algún momento, había más policías que manifestantes.

“Se ha cuestionado la presencia de los oficiales de Policía y si esto representa una violación de la orden judicial. La Policía no está ahí para ayudar con la demolición, obviamente ese no es el trabajo de los oficiales, ellos están ahí para mantener la paz y la seguridad de los individuos involucrados”, dijo Sylvia Borunda Firth, abogada de la Ciudad.

Hubo momentos de tensión entre los manifestantes y la Policía. Los manifestantes trataron de quitar las rejas que eran colocadas por los trabajadores de JMR Demolition. Varios elementos de la Policía intervinieron, pero no hubo arrestos.

“Las rejas son necesarias especialmente porque las propiedades están parcialmente demolidas, tenemos serias preocupaciones de que se lastime la gente que está entrando en propiedad privada”, agregó Firth.

“El Ayuntamiento está en total cumplimiento de la orden, el administrador municipal (Tommy González) ha dado instrucciones de que se cumpla con la orden y esperamos que todo esto sea resuelto en las cortes”, agregó Firth.

Margo declaró que la Ciudad no tiene la autoridad para aplicar la orden judicial sobre los propietarios y que la fuerte presencia policiaca se debió a razones de seguridad.

“Tenemos mucha gente que se reunió en el área y entendemos que esta situación es importante para ellos, pero les pedimos que protesten de manera calmada y no impidan la colocación de las rejas, el movimiento de vehículos o cualquier otro acto que sea peligroso”, explicó.

A lo largo de la tarde se presentaron arrestos de los manifestantes, se impidió el reingreso de cualquier persona que saliera de la manifestación y la entrada de alimentos para los protestantes.

Alrededor de las 5 p.m. se presentó una nueva orden de la Octava Corte de Apelaciones en la que se identificaron los ocho edificios protegidos bajo este dictamen y recalcó que se efectuó una violación de la previa orden cuando se realizó una demolición parcial.

Además, obliga a que la Ciudad suspenda órdenes previas para la demolición de los ocho edificios.

“Esta orden supera la autoridad del alcalde, del administrador municipal, la abogada de la Ciudad y el Departamento de Policía”, declaró Max Grossman, historiador y litigante que interpuso una demanda en contra de la Ciudad para buscar obtener la preservación de los edificios del barrio Duranguito.

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